En la mañana de hoy hemos presentado ante el Parlamento Andaluz la Iniciativa Legislativa Popular de reforma de la Ley Electoral andaluza preparada por UPyD, fieles a nuestro compromiso con la ciudadanía. Pueden descargar el texto completo aquí.
La propuesta pretende recuperar la proporcionalidad para garantizar que haya identidad entre lo que deciden los ciudadanos depositando su voto en las urnas, y la composición del Parlamento andaluz. O, dicho de otra manera, que los ciudadanos vean en el Parlamento lo que han pedido con su voto.Se trata de garantizar aspectos tan relevantes como son la proporcionalidad, la igualdad y la representatividad. Y lo hemos hecho tomando en consideración, por un lado, el informe del Consejo de Estado de febrero de 2009 y, por otro, los trabajos del Grupo de Investigación en Métodos Electorales (GIME) de la Universidad de Granada.
El caso en Andalucía es muy llamativo, toda vez que 129.180 ciudadanos que apostaron por una formación como UPyD en las pasadas elecciones autonómicas vieron cómo su voto se esfumaba y no quedaba plasmado en la composición final del Parlamento Andaluz. Mientras tanto, a otros partidos (PP, PSOE e IU) “les cuesta” cada escaño 31.000, 32.000 y 36.000 votos respectivamente. Compruébenlo aquí.
Las reacciones del resto de partidos no se han hecho esperar.
Por un lado, Izquierda Unida, otrora firmes defensores de reformar la Ley Electoral, parecen haber entrado en letargo, y tras anunciar hace unos días quese pondrían a ello en septiembre, hoy mismo el propio vicepresidente de la Junta ha “estirado” el plazo, anunciando que la previsión de la Junta es la de realizar dicha reforma “a lo largo de 2014″(reforma que comienza, al parecer, por convocar una “mesa” para su estudio, análisis, bla, bla, bla…). Pues la mesa debe ser de Ikea, y sin instrucciones, porque nosotros no hemos necesitado meses y meses para montarla.
El Partido Popular… bueno, ya saben que esto no va con ellos.
Por ello, el próximo 8 de julio comenzará la recogida de firmas -son necesarias 40.000- en stands a pie de calle, a través de internet, en las sedes de UPyD… Volvemos a la carga.
Hace unos días celebramos en Granada un acto en el que rendimos homenaje al trabajo de nuestros compañeros concejales de toda Andalucía y conmemoramos el ecuador de la legislatura.
Es un reconocimiento necesario y de justicia, puesto que constituyen la primera línea de la acción política de UPyD en Andalucía, luchando por los ciudadanos y, al mismo tiempo, nadando contracorriente del resto de formaciones políticas.
Corren días en los que mucho se habla de “transparencia”, ese vocablo que, como ocurriera con otros como “crisis financiera”, “prima de riesgo”, “indemnización simulada en diferido”, etc. se han incorporado a nuestro vocabulario en los últimos años.
Pero hablar de transparencia y practicarla son cosas bien distintas. No les voy a hablar de la Ley de Transparencia que, como bien recordó nuestro Diputado Carlos Gorriarán en el Congreso, no practican quienes la proponen (no hay más que echar un vistazo a la prensa para que se nos vengan a la mente otros palabros también asumidos en fechas recientes, tales como “Gürtel”, “Bárcenas”, “EREs”, “Invercaria”…).
Les voy a hablar de lo que practican aquellos que hoy se cansan de hablar de “transparencia”.
Saltó ayer a los medios la noticia de que al Presidente de la Cámara Andaluza (Sr. Gracia) y a los portavoces de los grupos políticos (PSOE, PP e IU) se les habían subido las retribuciones que perciben por “alojamiento y manutención” en cuantías muy llamativas, sobre todo si tenemos en cuenta el resultado tras dicho incremento (el Presidente de la Cámara Andaluza percibe casi 7.000 € al mes y los portavoces adjuntos perciben en torno a 6.000 € mensuales). A todo esto tenemos que añadir otros “complementos” como una ‘oficina móvil’ integrada por ordenador portátil, teléfono móvil, línea ADSL y conectividad UMTS.
No sólo siguen manteniendo sus privilegios sino que los incrementan, a pesar de que suprimen pagas extra a los funcionarios, recortan en sanidad y educación con el cierre de consultas, fusión de hospitales, reducciones salariales, impagos a centros educativos, y atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia, entre otras muchas aberraciones.
Pero lo verdaderamente grave, lo que hace que nos hierva la sangre y se nos vengan a la cabeza otros vocablos mucho más populares como “chorizos”, “cínicos” o “sinvergüenzas”, radica en el hecho de que la subida fuera acordada el pasado mes de marzo, con nocturnidad y alevosía, en secreto, y con la unanimidad de los tres grupos políticos que conforman el arco parlamentario andaluz (PP, PSOE e IU).
Nadie conocía el hecho del aumento salarial hasta que ayer lo publicara el Diario de Sevilla, a pesar de los tiempos convulsos que vivimos y de que a los políticos se les llena la boca últimamente de hablar “por los más desfavorecidos” y por “esa ciudadanía que tan mal lo está pasando”.
Y si grave es que se tomara esta decisión, y que se hiciera a espaldas de los ciudadanos, más grave aún es que se haya tomado por UNANIMIDAD DE LOS TRES GRUPOS (PP, PSOE e IU) justo cuando el Parlamento está debatiendo la supuesta Ley de Transparencia de Andalucía, coincidiendo, por cierto, con la Ley de Transparencia que se tramita en el Congreso de los Diputados. Precisamente quienes menos practican la transparencia son quienes pretenden regularla, exactamente igual que si pidiéramos a un pirómano que apagara fuegos. Así se toman la transparencia PP, PSOE e IU, haciendo y pactando la trampa antes que la ley, y vendiendo a los medios de comunicación lo que les conviene.
Y como colofón a la sinvergonzonería de los actores de semejante espectáculo, el Sr. Gracia sale ayer -una vez los medios se habían hecho eco de la noticia- anunciando que iba a solicitar la ‘anulación’ de dicha subida. Y todo porque había saltado a los medios.
¿Y si no llega a saltar la noticia?
De chiste es que los tres partidos que aprobaron esta subida por unanimidad (PP, PSOE e IU), salgan ahora respaldando la supresión de la subida. Todo cara a la galería, intentando quedar bien ante la evidencia de que han antepuesto sus propios intereses al interés general y han demostrado que la única motivación para llegar a acuerdos radica, precisamente, en enriquecerse mutuamente y taparse las vergüenzas.
La pregunta obligada es ¿Quién representa en el Parlamento Andaluz los intereses de los ciudadanos?
Les contesto con otras preguntas:
¿Comprenden ahora por qué PP, PSOE e IU no querían a UPyD en el Parlamento Andaluz ni en el Pacto por Andalucía?
Mi intervención tuvo lugar en la mesa de partidos políticos, en la que se nos pedía explicar con claridad y precisión el posicionamiento de cada formación (allí estábamos PP, PSOE, IU y UPyD) respecto a la custodia compartida. Algo que algunos hicimos, y otros no.
Tal y como nos pidieron en el acto, haré una pequeña introducción sobre cuál es la situación actual y qué significa “custodia compartida”.
Situación actual.
Como es sabido, en la actualidad se separan/divorcian más de 100.000 parejas al año. En muchos casos existen menores afectados por estas rupturas, cuya custodia acaba siendo una de las cuestiones más delicadas por las consecuencias que se erivan de la misma. Entendamos por custodia el cuidado de los hijos que, normalmente, ha venido desempeñándose por ambos progenitores hasta que se produce la ruptura.
La respuesta que da la Ley a esta situación se contiene en el art. 92 del Código Civil, que establece expresamente lo siguiente:
“Excepcionalmente (…) el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor”.
Esta es la redacción actual del artículo, tras la modificación introducida por el artículo primero de la Ley 15/2005, de 8 de julio, aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
He subrayado lo que entiendo que es fundamental en este artículo para entender cómo se regula la custodia compartida como una situación “excepcional” que exige el cumplimiento de diversos requisitos:
1º. Que se solicite a instancia de una de las partes (no es el Juez quien, de oficio, puede considerarlo),
3º Y que la decisión de adoptar esta medida “excepcional” sea fundamentada.
En síntesis, la regulación actual contempla la custodia compartida (recordemos, el cuidado de los hijos por ambos progenitores) como una situación excepcional -a pesar de que es el régimen que, normalmente, venían disfrutando los hijos- frente a la custodia monoparental (esto es, la ejercida por uno de los progenitores, relegando al otro progenitor a meras visitas y estancias de fin de semana), que es la que se viene concediendo normalmente en favor de la madre. Visto desde los ojos de los hijos, la ruptura de la relación entre sus padres supone -con la Ley actual- la ruptura efectiva de la relación diaria con uno de ellos -normalmente el padre- por razones que no alcanza a entender.
Los datos son contundentes. Según datos del INE de 2010, el 85% de las custodias se conceden en exclusiva a las madres frente al 5% que se conceden a los padres; y sólo un 10% se conceden en régimen de custodia compartida.
Posición de los partidos clásicos.
El primero en intervenir fue el Partido Popular (Senador Manuel Altava). Sólo unas horas antes, el ministro Gallardón había anunciado que el régimen de custodia compartida que está regulando el PP sería “en régimen de igualdad” respecto a la custodia monoparental. Un paso en la dirección correcta, sin duda, pero ¿es suficiente?
Es un paso en la dirección correcta por cuanto elimina trabas para acordarla (deja de ser un supuesto excepcional) pero sigue sin favorecer la adopción de un régimen de custodia que, no lo olvidemos, es el que más se asemeja al que venían disfrutando los niños hasta el momento de la ruptura entre sus padres: la custodia compartida. Y no es un problema baladí: la preferencia legislativa por un régimen de custodia determina, en gran medida, el régimen en que quedan los menores durante el período que media entre el momento en que se acuerdan las medidas provisionales (generalmente pocas semanas después de la ruptura) y el momento en que se dicta la sentencia definitiva (a menudo, un año más tarde).
Le siguió el Partido Socialista (Concejala de Granada, María Escudero), quien sorprendió a los asistentes afirmando que se trata de un problema minoritario, alentado por unos cuantos “ruidosos” y que, en todo caso, la custodia compartida ya está regulada “gracias a Zapatero”. Me parece despectivo hacia los asistentes, pero tampoco esperaba mucho más de esta intervención. En definitiva, desde el PSOE, más allá de alguna que otra crítica al resto de la mesa, la posición manifestada era la de mantener el régimen actual, ya explicado.
Por parte de Izquierda Unida intervino una ponente (“representante” de IU, Pilar García Correas) que centró su intervención en una crítica desmedida y sangrienta hacia terceros que ni siquiera estaban presentes, con un ataque feroz hacia UPyD rebajado hasta los niveles más despreciables en referencias personales hacia nuestro Diputado Toni Cantó. En lo que nos ocupa, IU no explicó su posicionamiento y quedó en evidencia cuando se le reprochó su “pluriposicionamiento”:
- Defendía la custodia compartida preferente en su programa electoral de 2008 (pág 104): “… establecer como modelo general y preferente la custodia compartida de los hijos ejercida de forma alterna”, de lo que se hizo eco la prensa.
- Y en Aragón, no gustaba la “preferencia” y, de nuevo, votaron en contra.
En fin, es la manera de hacer de IU, que cambia su mensaje según el viento que sople, y es incapaz de mantener un discurso razonable y coherente sobre un tema de máximo interés, como éste.
Preferencia vs. imposición.
Uno de los puntos que suscitó mayor interés fue el de la distintión entre custodia compartida preferente y custodia compartida impuesta. Es común la confusión interesada y demagógica entre ambos conceptos, y debe decirse que ninguno de los partidos presentes en la mesa defienden una custodia compartida impuesta. Y hago esta aclaración porque cuando se defiende la custodia compartida preferente (como hacemos desde UPyD) el discurso interesado de quienes procuran distorsionar el mensaje tiende a decir que UPyD quiere “imponer” la custodia compartida. Y esto no es así.
UPyD y la custodia compartida.
UPyD siempre ha defendido el modelo de custodia compartida como régimen preferente en los casos de rupturas con hijos, por el interés superior del menor.
En junio de 2012 UPyD presentó una moción instando al ejecutivo a preparar un proyecto de Ley de Custodia Compartida en el plazo de 6 meses, que fue rechazado por PSOE e IU, entre otros.
La moción instaba al Gobierno a preparar la Ley antes de finales de 2012 (aún hoy seguimos sin Ley) y plantea la PREFERENCIA del régimen de custodia compartida, petición que parece el Gobierno no va a atender, aunque en esta línea se ha manifestado la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que parte de que la guarda y custodia compartida debe ser la regla general siempre que no resulte perjudicial para el menor y dice que así es como debe interpretarse el Código Civil, pues considera que “el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres”.
Desde UPyD seguimos exigiendo una Ley Nacional de Custodia Compartida como opción preferente en el conjunto del Estado, evitando el actual panorama de distintos regímenes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y resto del Estado. Debe primar el interés superior del menor. Apostamos por la coparentalidad y por la creación de una jurisdicción de persona, familia, incapacidades y tutela (tal y como propuso el III encuentro de jueces, magistrados y abogados de familia, mesa 5ª). Creemos en la igualdad de hombres y mujeres y en la necesidad de superar roles sexistas.
Y estamos tan convencidos de ello, que incluso hemos asumido el compromiso de incluir la regulación de la custodia compartida preferente como condición de futuros pactos de gobierno.
