La visita de Roy Sly.

Hace unos días tuve la suerte de participar en la jornada de debate en Sevilla sobre “fenimismo e igualdad en el siglo XXI”, organizado por el Foro Judicial Independiente y la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, en calidad de portavoz de UPyD en Andalucía y abogado en ejercicio.

UPyD es el único partido que defiende con claridad y sin ambigüedades la aprobación de una Ley de Custodia Compartida en España, que establezca como régimen preferente en los casos de separaciones y divorcios con hijos, la custodia compartida por parte de ambos progenitores -independientemente de su sexo-, en aras a la defensa del interés superior de los menores, verdaderas víctimas de una legislación muy mejorable, y en defensa de la coparentalidad.

Aquí pueden descargar la moción planteada por UPyD en relación a la promulgación de una Ley Nacional sobre la custodia compartida de los menores (14 de junio de 2012).

La regulación actual de la materia no sólo dificulta el establecimiento por parte de los jueces del régimen de custodia compartida -en casi todas las Comunidades Autónomas- sino que, además, propicia una desigualdad de trato entre ciudadanos españoles residentes en las distintas regiones. Así, en Cataluña, Aragón, Valencia y Navarra se han articulado fórmulas para introducir el modelo compartido como preferente, mientras que el resto de territorios se regulan por el Código Civil, en el que la custodia compartida aparece -desde 2005- como una fórmula excepcional (art. 92), y difícil de llevar a la práctica por nuestros Tribunales por cuanto exige que sea a petición de una de las partes y previo informe favorable del Ministerio Fiscal.

Es evidente que la falta de una regulación nacional de la custodia compartida instaura unas desigualdades de trato en función de la Comunidad de residencia de los progenitores.

Esta igualdad de trato también debe extenderse a los propios progenitores, ya que la actual regulación arroja datos que hablan por sí mismos: el 85% de las custodias se asignan a las madres con carácter exclusivo; el 5% a los padres; y sólo en el 10% de los casos se establece un régimen compartido. Hemos de huir, pues, de ese complejo histórico que concibe a la mujer como “desigual eterna”, que no hace más que perpetuar un reparto sexista y que se aleja -mucho- de la deseable igualdad entre hombres y mujeres.

Al hilo de todo esto, ayer tuve la visita inesperada de Roy Sly, un realizador argentino que ha venido a España a recoger testimonios para un trabajo documental en defensa de la necesidad de implantar en su país un régimen preferente de custodia compartida. Muy gustoso le narré algunas experiencias y anécdotas en la materia, como la de aquella chica que vino a mi despacho para denunciar a su ex por supuestos malos tratos, simplemente porque se lo habían recomendado “para garantizarse la custodia exclusiva de su hijo”. Teniendo en cuenta que ella misma reconocía que se trataba de una denuncia falsa, comprenderán que tuve que invitarla a abandonar mi despacho.

Lo triste es que ella estaba en lo cierto: el art 92.7 del Código Civil excluye la “guarda conjunta” si hay procedimiento penal de por medio, y no fija de forma clara si debe o no haber condena o imputación, sino que se refiere a “estar incurso”, lo que supone un concepto ambiguo que menoscaba la seguridad jurídica…

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