Acaba una semana intensa en lo profesional, especialmente por los avances y la repercusión mediática que -repentinamente- están teniendo los casos de bebés robados.

Aunque he tenido ocasión de entrevistarme con decenas de familias y de repasar cientos de papeles, lo cierto y verdad es que no alcanzo a entender cómo hemos permitido que durante la segunda mitad del siglo XX se hayan dado tantos y tantos casos. Estamos hablando de 2.000 denuncias presentadas en España y unos 300 casos sólo en la provincia de Cádiz. Espeluznante.

Hay relatos escalofriantes. Madres a las que -abiertamente- se les decía que se quedaban sin sus hijos. Y punto. Otra a la que las enfermeras encerraron -literalmente- en un cuarto de limpieza, a oscuras, durante varias horas tras el parto. Expedientes clínicos repletos de contradicciones, pruebas de sangre tomadas varios días después del supuesto fallecimiento, distintas causas y fechas de fallecimientos de los bebés (en los mismos expedientes clínicos)… Y casos que se han confirmado, prueba irrefutable de que, en efecto, nos encontramos ante casos REALES de ROBO de bebés en los hospitales de nuestro país.

En cuanto a la batalla legal, algunas instancias judiciales miran para otro lado y archivan los casos por prescripción del delito de detención ilegal (aplican un plazo de 15 años tras la mayoría de edad del bebé o, lo que es lo mismo, un plazo total de 33 años). Frente a esta tesis, está la de quienes entendemos que estamos ante delitos “permanentes”, contemplados en el art. 132 del Código Penal, cuyo cómputo de prescripción sólo se iniciaría una vez que cesa el ilícito penal, es decir, una vez que el detenido -el bebé robado- deja de estarlo. Porque hemos de entender que estamos ante la privación de la identidad propia, y el ilícito no cesa hasta que el detenido conoce su propia realidad. Y no lo digo yo, sino que la propia Audiencia Provincial de Barcelona así lo ha entendido en un Auto dictado en un caso de un bebé robado en el año 1969, estableciendo que “dado el carácter permanente de dicho delito [de detención ilegal] en tanto que sus efectos se mantienen hasta la liberación de la víctima, no cabe admitir la prescripción del hecho como causa de extinción de la responsabilidad penal”.

Así las cosas, mi compañero y amigo Enrique Vila -abogado y portavoz de “SOS bebés robados”- remitió al Ministerio de Justicia una propuesta de modificación legislativa para “evitar que por el instituto de la prescripción, queden sin enjuiciar y condenar unos delitos que han sangrado la sociedad civil española durante más de cincuenta años, y cuyas abrumadoras consecuencias humanas aún no somos capaces de cuantificar”.

Ahora toca lidiar la batalla política -en la que también me encuentro- para lograr que el Parlamento aborde la cuestión y recoja en la Ley lo que pide la sociedad. Exactamente lo mismo que ocurrió en 1999, cuando el Tribunal Supremo RECONOCE nuestro derecho a conocer la identidad de nuestras madres y padres biológicos, y 8 años más tarde la Ley 54/2007 de adopción internacional, MODIFICA el Código Civil en su artículo 180, e introduce el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos. Se recoge el derecho exigido por los adoptados, y con efectos retroactivos suprime el derecho de las madres biológicas a permanecer ocultas. Los ciudadanos quieren respuestas y tenemos que darlas.

Seguiremos batallando porque, como me recordó ayer la presentadora de “Objetivo Abierto”, los afectados no cesarán en su lucha.